Puro humo

A un año de la ley de cannabis medicinal en Argentina, organizaciones culpan al Poder Ejecutivo de frenar su implementación.                                                                 

A un año de cumplirse la sanción de la ley 27.350 que regula el acceso y uso de cannabis medicinal, organizaciones civiles de familiares denuncian que el Ministerio de Seguridad no permite la reglamentación completa de esa legislación.

Valeria Salech, presidenta de la ONG Mamá Cultiva, asegura que el gobierno todavía no autoriza la importación o el cultivo de la materia prima para la elaboración de aceites, responsabilizando al Ministerio de Seguridad y a su ministra Patricia Bulrrich de frenar el cumplimiento de la ley. Salech indicó que desde abril de 2016 la ministra Bulrrich no acepta reunirse con las organizaciones para tratar estos temas.

La legislación indica que la cartera de Seguridad es la que debe aprobar la importación de materia prima para que organismos estatales elaboren los derivados de cannabis medicinal para su comercialización y la autorización para que las familias que no pueden adquirirla, tengan la posibilidad de cultivar y elaborar derivados de cannabis.

La representante de Mamá Cultiva confirmó que la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos) todavía no ha autorizado ningún producto a base de cannabis para que pueda importarse. Además, para que exista la producción nacional, Anlap (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos) necesita que haya materia verde y esto no ha ocurrido porque el Ministerio de Seguridad no ha aprobado un espacio físico para que el Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias pueda cultivar.

Para Rodrigo Catalano representante de Cannabis Medicinal La Pampa, en el primer aniversario de la ley ,“no ha cambiado nada, al contrario, estamos peor que antes”

Catalano repasa un año de frustraciones, “hace un año atrás fue un día de festejo, de esperanza, porque se aprobó una ley, y bueno, un año después seguimos esperando todo, no hubo cultivo, no hubo investigación, no hubo distribución, seguís en un marco de ilegalidad que es aprovechado por personas que abusan de la desesperación de la gente, ves que ofrecen aceites que se venden por Internet que no se sabe de dónde salen”.

Cultivadores en riesgo

En Mendoza, el pasado martes 20 de marzo, efectivos del Escuadrón 29 de Gendarmería allanaron el domicilio de Hugo Magallanes, padre de una niña que padece Lisencefalia tipo 1, Complejo Agiria Paquigiria y Epilepsia Secundaria.

Hugo Magallanes se integró a Mamá Cultiva y comenzó a producir cannabis para tratar las enfermedades de su hija bajo asesoramiento médico. Tras una orden del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, su casa fue allanada y le abrieron una causa judicial que podría llevarlo a prisión. Magallanes declaró que “en este momento el Estado nos está negando calidad de vida”.

El avance de la ley que autoriza el uso del cannabis medicinal, fue posible gracias a la tenaz lucha de madres, padres y organizaciones no gubernamentales como Mamá Cultiva. La demora en la implementación de la ley, así como la criminalización de los cultivadores, es responsabilidad del Poder Ejecutivo para las organizaciones e impulsores de la ley.

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