Freno de mano

La Iglesia y el sector empresarial obstruyen discusión sobre la legalización del cannabis en México                                                                                        

El pasado martes 29 de octubre se tenía previsto un debate sobre la legalización del cannabis en México. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo). Sin embargo, declaró que fue necesario aplazarlo por los muchos intereses encontrados que hay al respecto, principalmente de la iglesia y el sector empresarial.

Uno de los temas que se pretendían discutir era el permiso a particulares, pues de acuerdo con lo estipulado en el Anteproyecto de Dictamen de la Ley de Regulación de Cannabis, el máximo permitido para cultivar será de cuatro plantas por persona.

Las concesiones y permisos se repartirían en los siguientes porcentajes: 80 % a productores campesinos y 20 % a empresarios. El Senado le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una prórroga para la discusión de los temas anteriores, a fin de que se llegue a un acuerdo y se subraye el objetivo común: arrebatarle ganancias al narcotráfico.

La consecuencia más grave para algunos sectores es que se caiga en una simulación, que se venda como una legalización, pero que no se modifiquen los puntos más urgentes de cambio. Otra preocupación, es que los grupos de lobby de las trasnacionales impulsen una ley a su medida. «La verdad es que hay muchos intereses; es impresionante la cantidad de cabilderos que están por aquí», remarcó Ricardo Monreal. El legislador ha señalado este martes que el dictamen realizado por la Comisión de Salud no será sometido al voto del pleno ante la falta de consenso para su aprobación.

En los últimos cinco años se han presentado alrededor de 70 iniciativas distintas y tan solo en esta legislatura, que empezó en septiembre del año pasado, han emergido 10 proyectos en el Senado y tres en la Cámara de Diputados. Uno es impulsado por Mario Delgado, el líder de Morena en la Cámara baja. Otro fue redactado por Olga Sánchez Cordero, en su breve paso como senadora, antes de asumir la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). El más avanzado fue avalado por Julio Menchaca, presidente de la comisión de Justicia y también senador de Morena. «En lo de la marihuana no tenemos consenso», admitió Monreal. Los desacuerdos en los temas relacionados con la plantación, producción, distribución, portación y comercialización de la hierba frustraron el acuerdo entre las bancadas.

La propuesta de ley, de 74 artículos, contempla reglas estrictas al etiquetado y un empaque elaborado con materiales biodegradables. No define un proceso lícito de obtención de semillas locales y obliga a dar un seguimiento puntual desde que aparecen las semillas hasta que la yerba llega a las manos del consumidor, así como a hacer pruebas de laboratorio antes de comercializar el producto.

Las organizaciones denuncian que se generaría un «efecto Monsanto» porque los requisitos son prácticamente imposibles para los pequeños productores y se favorecería a los grandes capitales extranjeros. También eran necesarias reformas al Código Penal para dejar de invertir recursos del Estado en perseguir y encarcelar a los campesinos y a los consumidores, directrices que no están claras en la redacción de la propuesta.

Tras el nuevo obstáculo legislativo, la Suprema Corte debe emitir una declaración general de inconstitucionalidad. El asunto se turnará a uno de los diez ministros, quien deberá elaborar un proyecto de ley solo sobre los artículos que fueron declarados inconstitucionales. No hay un plazo definido para esto. Ese proyecto deberá ser finalmente aprobado por una mayoría de ocho ministros. Y aún así la legalización integral de la marihuana en México seguirá estando en el aire.

Cannsalud

El 1 de octubre, Mario Delgado, coordinador de los diputados federales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propuso reformas legales para regular la producción y el consumo de marihuana en México.

La propuesta contempla crear una empresa pública denominada Cannsalud, la que comprará cannabis y sus derivados a los particulares que hayan obtenido los permisos correspondientes. La empresa estatal tendrá su domicilio en la ciudad de Aguascalientes -la capital de uno de los estados que se encuentran en el centro de México- y plantea el establecimiento de al menos de un punto de venta en las 32 entidades federativas.

El legislador de Morena también propone que los mexicanos cultiven sus propias plantas de marihuana, sin necesidad de licencia de salud, permiso judicial o administrativo. Siempre que sean destinadas para el consumo personal, cada persona podrá poseer, cultivar, cosechar y procesar hasta 6 plantas.

El consumo y autocultivo sólo podrá ser realizado por mayores de edad y se prohíbe el uso de espacios públicos, según se plantea en el paquete de reformas a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a la expedición de una nueva legislación denominada Ley General para el Control de Cannabis.

“Se trata de un primer paso para la apertura de un mercado lícito nuevo, y se propone una empresa pública como intermediario obligado a fin de identificar y contener los riesgos inherentes al establecimiento de un mercado nuevo, cuando existen ya intereses mercantiles internacionales que buscan maximizar sus utilidades por encima de la protección de la salud de las personas”, justificó Mario Delgado.

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