¿Despierta Brasil?

Brasil es el mayor consumidor de Cannabis Medicinal hoy en Latinoamérica. Cuando en mayo de 2015, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) publicó que daba lugar a la importación, con prescripción médica, de productos a base de cannabinoides, todos auguraron una rápida apertura de dichos medicamentos en nuestro vecino del norte. Sin embargo, no sucedió así.

Según los propios registros de ANVISA, Brasil tiene hoy a más de 8.000 pacientes que utilizan legalmente productos a base de cannabis, superando a los países de la región. Pero cabe preguntarse en qué condiciones se adquieren estos medicamentos.

La resolución publicada en aquel 2015, hablaba de una importación en carácter de excepcionalidad por personas físicas, el llamado “uso compasivo”. Dicha resolución abrió las puertas para la llegada a Brasil (sobre todo proveniente de Estados Unidos) de productos de cannabis con carácter de medicina, que en otros países son utilizados como suplementos nutricionales. Estos productos llegan a Brasil sin controles sanitarios, con una calidad dudosa y precios astronómicos.

El 65 % del precio del producto importado corresponde al costo logístico de hacerlo llegar al paciente. Pese a ello, el número de pacientes que buscan esa alternativa crece a una tasa superior al 200 % por año. Esto equivale a decir que más de 8.000 pacientes han encontrado una solución en el cannabis medicinal, que no hallaron en otros medicamentos. 

Sin embargo, el modelo tiene enormes límites. El primero es la capacidad de garantizar a los usuarios brasileños productos de calidad a un precio justo; la accesibilidad sigue siendo un privilegio de pocos. El segundo problema es administrativo: ¿hasta cuándo podrá ANVISA otorgar permisos, paciente a paciente, en un país de más de 200 millones de habitantes? ¿Cuánto cuesta esa burocracia? 

Hace mucho tiempo que Brasil viene anunciando distintas soluciones. La más clara ha sido la consulta pública, realizada en agosto de 2019, donde ANVISA proponía un mecanismo tanto para el registro como para la producción de productos a base a cannabis. 

La clara postura a favor de su actual director, William Dib, y la supuesta independencia de ANVISA frente al Parlamento, auspiciaban una rápida solución. Entonces llegaron El Consejo Federal de Medicina de Brasil (CFM) y la Asociación Brasilera de Psiquiatría (ABP), pidiendo la revocación y la cancelación de la apertura de la consulta pública.

La oportunidad de dicha consulta parece ahora estar estancada. Las reuniones para coordinar un plan de trabajo se aplazan constantemente: se postergan las fechas. Es común la presencia de representantes de empresas internacionales de cannabis en Brasilia, con propuestas que quieren brindar protección a la industria nacional. Y también están los otros, los que por ahora no quieren reglamentar el uso médico. 

Mientras tanto, las fichas se mueven en el tablero y son los pacientes quienes pagan el precio, con su dinero o con su propia salud.

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