Uruguay trabaja en conjunto con Canadá sobre avances de Cannabis

El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, informó durante una entrevista para REPÚBLICA Radio, que dicho organismo trabaja de manera mancomunada con el Gobierno canadiense para impulsar una guía de gestión de riesgos para usuarios de Cannabis.

“Venimos trabajando muy bien con Canadá y compartiendo distintos aprendizajes sobre políticas de drogas y vamos a estar agregando al paquete de Cannabis una guía con medidas de promoción de salud, reducción de riesgos y daños, también con los contactos específicos para poder acceder a una consulta en caso de que la persona lo necesite”, manifestó Olivera.

Canadá es el segundo país, después de Uruguay, en regular el autocultivo de cannabis recreativo y su venta al público, desde el 2017 su legislación incluye una regulación total de la planta, los usuarios puedan sembrar hasta cuatro plantas en sus casas o adquirir el cannabis en los establecimientos públicos registrados para su venta.

Aunque desde el 2001, Canadá se convirtió en el primer país en legalizar el uso medicinal del cannabis para enfermos terminales y pacientes con enfermedades graves. Desde ese temprano comienzo hasta hoy, Canadá ha ampliado su legislación y forjado una industria de Cannabis medicinal vigorosa y rentable, por ello surge la sinergia con el gobierno uruguayo para avanzar de manera conjunta en la temática.

Las tareas

Olivera informó que la Secretaría tiene, además de la responsabilidad de monitorear las acciones de políticas de estupefacientes en general, solventar los problemas que afrontan las comunidades en torno a las drogas, en algunos casos con impactos negativos y en otros casos positivos, porque hay sustancias que generan beneficios en la salud humana y también son atendidas por las políticas públicas.

En lo que concierne a la legislación reguladora, destacó Olivera que allí básicamente quien trabaja es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. “Nosotros somos una de las cuatro instituciones que integran el directorio de este instituto. Allí se está trabajando intensamente para aplicar una legislación desafiante, innovadora, que marca un antes y un después en cómo se ha encarado durante la ultima década las políticas sobre Cannabis”.

Admite el directivo que están avanzando favorablemente en eso, pues hace una semana, en la Comisión de Adicciones de Diputados, se destacaron los logros. “Somos concientes que tenemos desafíos, lo que hemos hecho debe ser profundizado, pero también reconocemos que es una política innovadora, seguramente no haya otras referencias internacionales de un sistema de regulación de Cannabis tan avanzado como el nuestro, que está en el entorno de cubrir, como mínimo, el 25% de los usuarios y como máximo, con las condiciones de despliegue que tenemos actualmente, hasta un potencial del 70%”.

Otro de los factores que genera un gran desafío para la Secretaría, manifestó Olivera, es el registro, porque para acceder hay unas condiciones asociadas con la protección de la salud pública. “Para acceder legalmente hay que estar registrado, obviamente es un desafío para todas las partes, generar condiciones y que sean lo suficientemente confiables para que la información que allí se almacena tenga un altísimo estándar en términos de seguridad informática”, agregó.

Olivera entiende que este es un aspecto muy delicado y que los puntos de acceso, en el caso de las ventas en farmacias, tengan una conexión con este registro para saber a quien venderle y a quien no, sin develar la información personal en el momento de la compra, en el mostrador. “Allí se ha desarrollado un trabajo muy importante en la huella digital”, detalló el experto.

Actualmente hay 34.108 personas registradas, según el ultimo cierre que se realizó a fines de abril, detalló Olivera, que de estas personas, 23. 161 están inscritas para comprar en farmacias.

La prevención

El tema salud también es abordado desde la Secretaría, se tienen tareas especificas, pero Olivera admitió que también se requiere un esfuerzo por parte de las familias, de las comunidades y de las instituciones privadas, es un trabajo mancomunado.

“Hemos desarrollado campañas masivas porque este año la Junta Nacional de Drogas ha tomado la decisión de profundizarlas, además estamos trabajando con el sistema educativo, lanzaremos el programa Dale Voz, que es un programa de capacitación para docentes de la educación pública de todo el país, con el fin de educar en torno a los comportamientos y factores de salud que favorecen la prevención en los alumnos con consumos problemáticos, es un trabajo que se hace en forma coordinada con la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

Desde la Secretaria también se coordina una Red de Atención y Tratamiento para personas que tienen problemas con el uso de drogas, que entre otras cosas desarrolla una de las disposiciones de la ley, detalló Olivera que “se trata de la existencia, en todo el país, de una buena distribución de Dispositivos Ciudadela, oficinas abiertas al público con cero existencia burocrática de ingreso, sólo se necesita presentar un documento personal, allí hay consulta permanente y asesoramiento”.

La Secretaría ya sostuvo un encuentro con el nuevo directorio de ASSE, informó Olivera, al afirmar que la idea es profundizar la atención pública. “Tenemos previsto, de acuerdo a la implementación del Fondo de Bienes Decomisados, que es un mecanismo institucional que permite reinvertir, en este caso favorablemente, los bienes que son decomisados a las organizaciones criminales, la instalación de un dispositivo de respuesta en situaciones de crisis, es decir, una especie de puerta de emergencia con respecto al consumo de pasta base, entre otras sustancias”.

El Policial al servicio

Mientras que en el Hospital Policial se tiene previsto desarrollar una infraestructura que estará orientada por el departamento de toxicología y prestará servicios a todo el sistema de salud pública. “Se desarrolló un sistema de alerta temprana que implica compartir información de forma muy rápida entre una red de actores importantes que tienen que ver con los servicios de salud, sobre todo a nivel de emergencia, ello implica al Centro de toxicología del Hospital de Clínicas y al Instituto Forense del Poder Judicial que tienen laboratorios con capacidades muy desarrolladas que darán un gran aporte para seguir avanzando en los trabajos que se vienen haciendo desde la Secretaría”.

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